Huatusco, Ver.- La tarde
de este viernes, personal del juzgado mixto de primera instancia de Huatusco,
acudió ante la fiscalía de este distrito judicial para interponer la denuncia
penal en contra del magistrado presidente del tribunal superior de justicia del
estado de Veracruz, Alberto Sosa Hernández.
La denuncia fue entregada
por los abogados Miguel Solís Rivera y Demetrio Hernández Arias, como asesores
jurídicos de los agraviados, que en las próximas horas acudirán ante la
fiscalía para ratificar el escrito de su denuncia, quedando radicada en la
carpeta de investigación 505/2015.
La acusación, manifestaron
los abogados, alcanza también a todos los magistrados que conforman el consejo
de la judicatura del Estado, por los probables delitos de Incumplimiento de un
Deber Legal y Omisión de Auxilio.
Los quejosos reprochan la
falta de apoyo por parte del consejo de la judicatura el pasado miércoles
cuando un grupo de manifestantes ocasionó destrozos a las instalaciones del
juzgado, agredió al personal, les robaron celulares y otros objetos de valor,
además de ser amenazados de muerte por parte de la turba que amenazaba con
incendiar el juzgado con el personal en el interior.
Como se recordará, los
manifestantes exigían la liberación de una mujer que había sido detenida
acusada por el delito de despojo de un predio, juicio que había sido agotado en
las diferentes instancias, lo que encendió los ánimos de vecinos de
Coscomatepec que logaron finalmente liberar a la mujer, después de secuestrar
al juez Adalberto López Pozos.
La denuncia en contra de
los magistrados del poder judicial veracruzano tendrá seguimiento por parte del
Licenciado Manlio Gustavo García Hernández, encargado del área jurídica del
sindicato de trabajadores del poder judicial, indicaron los asesores de la
parte agraviada.
Cabe destacar que el día
de los hechos el personal del juzgado fue abandonado por las diferentes
instancias superiores sin que les brindaran el apoyo para entablar algún dialogo
con los inconformes que estuvieron desde la mañana en el juzgado y que
finalmente terminaron por arremeter en contra del los querellantes.
Fue el propio presidente
del tribunal superior de justicia, Alberto Sosa Hernández quien les ordenó vía
telefónica que deberían permanecer en sus oficinas y resolver la situación,
además de amenazarlos con levantarles acta por abandono de trabajo, si
intentaban salirse del juzgado, revelaron los quejosos.
Se logró saber que el
magistrado en mención emitió un severo regaño al juez amenazando con descontar
un día de salario a todo el personal si abandonaban las oficinas o si el
juzgado permanecía cerrado el día del ataque, además de abrirles proceso por
desacato.
Asimismo, el magistrado
exigió un escrito para justificar las dos horas de ausencia del personal dentro
de las instalaciones endebles del juzgado, ya que por la mañana que se habían
salido para evitar las agresiones que finalmente ocurrieron.
Es importante mencionar
que en dichas oficinas, el personal está demasiado expuesto debido a que la puerta de dicha
institución es una cortina que fue fácilmente violentada por los facinerosos.
Como se recordará, luego
del ataque, las amenazas y los desmanes cometidos por la turba durante varias
horas desde antes del medio día, a las cuatro de la tarde los manifestantes
sacaron a golpes y arrastrando al juez Adalberto López Pozos para mantenerlo secuestrado
en contra de su voluntad por espacio de varias horas, mediando además la
amenaza de prenderle fuego.
Todo lo ocurrido derivó en
que la mujer que reclamaban los manifestantes fuera liberada del penal de la
Toma y entregada al grupo, para poder de esa manera rescatar con vida al juez
que tenían en su poder y que cada vez alejaban más del juzgado.
De acuerdo a lo revelado
por los abogados que presentaron la denuncia en contra de Sosa Hernández, estos
hechos sientan un mal precedente para las aplicación del estado de derecho,
“inexistente”, dijeron, en la entidad veracruzana.
Con lo que sucedió, dicen
los litigantes, cualquier grupo pretenderá en lo sucesivo tomar rehenes en los
juzgados, secuestrar al personal y después negociar la salida de los detenidos
para evitar el pago de una condena o sentencia.
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